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¿Unidad, anti imperialismo u obediencia debida?

El día martes 13 de noviembre pudimos leer en varios órganos de prensa -los enlaces se hallan al pie de este artículo- la información sobre la autorización para que tropas de EUA actúen en suelo uruguayo con ocasión de la realización de una reunión del G20 en Buenos Aires. No voy a abundar en la inconveniencia de autorizar una presencia de tropas extranjeras por un acontecimiento que ocurrirá fuera de nuestras fronteras, ni tampoco en marcar el prontuario que hace de EUA y de su actual gobierno especialmente, una visita indeseable.
Voy a considerar que en el Senado, el Secretario General del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo, votase afirmativamente la autorización.
Pero ubiquemos las piezas en sus justos lugares del tablero.
Ante la solicitud del Poder Ejecutivo de esta autorización, -solicitud que algunos incluyendo al presidente Vázquez dicen que es ineludible, y otros como un legislador del MPP dicen algo así como que si llegase a ocurrir alguna desgracia en la cumbre en Buenos Aires tomarían represalias contra nosotros, y que por eso hay que aprobarla- se procedió al trámite parlamentario. Cómo parte del mismo, la bancada del Frente Amplio votó que el tema era un asunto político, y que por lo tanto todos los legisladores estaban obligados a votarlo.
Tras este acontecimiento, en la sesión del Senado, la senadora Moreira y el senador Castillo manifestaron claramente su oposición a la asistencia al ejército de EUA y su rechazo al G20. Sin embargo, acatando la disciplina partidaria ambos votaron afirmativamente el proyecto.
Pues bien, lo primero que debe considerar es, ¿es este proyecto algo que merezca ser tratado de ese modo? ¿Realmente es un asunto político tal que no se puede aceptar divergencia alguna?
Comparemos esta autorización con la discusión que en su momento tuvo la ley de Aborto, durante la primer presidencia de Vázquez. En aquél momento no hubo empacho en permitir que algunos legisladores votasen en contra, e incluso en aceptar que el presidente la vetase luego. ¿Es realmente más importante la entrada de tropas para el G20 que establecer que la decisión sobre la continuidad o no de un embarazo debe asignarse a la gestante?
No lo creo.
La ley de aborto ha tenido grandes consecuencias, desde su aprobación durante la presidencia de Mujica, en el sentido de otorgar el derecho de decisión a las mujeres -incluso con las tutelas y limitaciones de la ley- y ha ayudado a que la mortalidad por abortos clandestinos sea un recuerdo del pasado.
Y en esta ley, crucial por su establecimiento de los Derechos Humanos de las gestantes, crucial por su incidencia en la Salud Pública y crucial por ser un reclamo de muchas organizaciones populares durante décadas, se aprobó sin que se forzase a ningún legislador frenteamplista a votar contra su conciencia.
Ahora, lo que se hace es forzar tal voto… para autorizar que 400 efectivos de EUA estén en Uruguay. Y tengamos en claro que lo más probable es que en la cumbre no ocurrirá nada alarmante, a nivel de seguridad para sus asistentes. Lo alarmante posiblemente sean sus decisiones contrarias a los intereses concretos de los pueblos del mundo.
Así que para una autorización a un contingente que no es relevante, para una reunión nefasta… ahí sí. Ahí se fuerza a los legisladores a votar contra sus convicciones.
Porque no dudo ni por un momento de Moreira y Castillo se sintieron muy dolidos de actuar en contra de su entendimiento y sensibilidad.
Ahora bien, en el caso de Juan Castillo, ¿debía él aceptar tal imposición?
Juan Castillo no sólo en un senador, es Secretario General del Partido Comunista de Uruguay, una organización marxista leninista, digamoslo claramente por si alguien no estaba atento o informado. Cómo tal es su deber militante manifestar su oposición y hacer su máximo esfuerzo para que tal oposición se concrete en hechos.
Por lo tanto no parece aceptable que aceptase votar la aceptación de las tropas por causa del G20. Cómo dijimos, tal autorización es de menor enjundia que otros temas en los que hubo libertad en la bancada. Por lo tanto no es de recibo la imposición de presidencia y del MPP de que se aprobase por todos los legisladores. Castillo debió de protestar airadamente tal imposición y votar en contra.
Pero tratemos de entender las causas por las que aceptó la imposición de una peculiar «obediencia debida». Para los comunistas la unidad frenteamplista es una clave estratégica central en el proceso de profundización democrática. ¿La divergencia en este punto hubiese podido atentar contra dicha unidad? Sin lugar a dudas la respuesta es un rotundo NO.
Puede conjeturarse que en un entorno regional adverso para las fuerzas progresistas, populares y de izquierda, alguien pudiese pensar que era necesario mostrar un bloque monolítico. ¿Resulta tal suposición acertada? Tampoco. Las acciones de las derechas regionales han tenido más que nada un proceder que apunta a la judicalización de la política, con denuncias fundadas e infundadas al respecto de sucesos de real o imaginada corrupción. La cura contra ello no es un bloque monolítico, sino el expulsar prontamente a los corruptos del propio seno de nuestra coalición-movimiento.
Así que Castillo bien podía haber cumplido con el mandato auténtico, de imprescindible coherencia, cómo era votar en contra del permiso de entrada. ¿Qué es lo peor que hubiera ocurrido? Que la ley se habría aprobado igual y que a él lo sancionaría el Tribunal de Conducta interno del Frente Amplio.
Pero si por alguna razón no se quería llegar a tal instancia, podía retirarse de sala -cómo en algún momento supo hacer su predecesor Eduardo Lorier- o incluso dejar el lugar a su suplente para evitar la ignominia de que sea el Secretario General quién votó tal autorización.
Una vez más, Castillo muestra que la investidura política en la que se encuentra le queda muy grande, y que no tiene la capacidad para llevar adelante el rol histórico que la hora demanda.

Enlaces a notas de prensa

 

Publicado el por Guillermo Uria 0

Decreto anti piquetes: otro acto de traición

Hace un par de días se publicó un decreto del poder ejecutivo ( https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/03/cons_min_480.pdf  ) en el que se establece la potestad del Ministerio del Interior para impedir el corte de calles y rutas. Dada las circunstancias del día en que el mismo se publicó, claramente la discusión en las redes sociales lo vinculó con lo sucedido en el desalojo de La Solidaria (un centro cultural manejado por elementos infantilistas de izquierda) y desmanes posteriores que incluyeron un ataque a la sede del Partido Comunista de Uruguay.

Creo que este decreto debe ser leído más allá de esa circunstancia.

El mismo busca preservar algo que sin duda es algo bueno: la libre circulación de los habitantes de nuestro país. Cómo suele suceder en los textos legales está lleno de alusiones a otras leyes y normativa que quiénes no somos abogados podemos leer sin comprender. Tras todo ello indica que el Ministerio del Interior será el encargado de evitar tales interrupciones, dando cuenta después al Poder Judicial.

Pues es en esto que nos tenemos que detener.

Lo primero es comprender que el cuerpo policial no debe -ahora puede- actuar en contra de algún tipo de manifestación sin orden judicial. Se podrá argumentar que los tiempos de muchas cosas exigen premura. ¡Me encanta tal objeción!

Actualmente, con los medios tecnológicos disponibles, un policía puede poner en un teléfono inteligente una video llamada a un juez y éste desde dónde se halle observar la situación para determinar si amerita o no la intervención policial. En caso de que considere que sí lo amerita, sencillamente da la orden, que de darse digitalmente, también hay formas para que esté totalmente autenticada en forma prácticamente instantánea.

Siendo así ¿qué sentido tiene decir que la policía puede actuar y después dar cuenta al Juez?

Esto no se inscribe en la disputa entre el PCU y los lúmpenes que lo apedrearon, ni entre el gobierno y la protesta social. Acá se trata de un enfrentamiento entre la policía y el Poder Judicial.

La policía uruguaya -que ha mejorado muchísimo aunque aún no sea suficiente- es un organismo que está hipertrofiándose, como parte de una estrategia del MPP -o tal vez de una estrategia personal de José Mujica a través de su hombre de confianza, el ministro Bonomi. Tal hipertrofia no hace bien a la policía, y definitivamente no hace bien al Uruguay en su conjunto.

Lo coherente sería separar algunas de las funciones que hoy cumple la policía, las funciones de investigación de los delitos cometidos, y crear una «policía judicial», dependiente del Poder Judicial y no del Ejecutivo, que tenga a su cargo la investigación de los delitos cometidos y denunciados. La actual policía continuaría con las funciones de vigilancia, preservación del orden, y represión de los actos de delito en curso.

Tal separación permitiría a la policía concentrarse en el ahora, y haría que la «policía judicial» se concentrase en el «antes» y dispusiese de medios técnicos y personal cualificado, civil y con formación terciaria, para sus investigaciones de lo que ocurrió.

Así cómo esta separación no se encara, se refuerza a la policía constantemente y ahora se le da el poder de reprimir sin orden judicial para hacerlo.

¿A quién?

Pues a manifestaciones sociales que utilicen el corte de calles y rutas. Es el tipo de medida que típicamente se realiza cuando se reclama un semáforo por algún muerto en la interbalnearia, o cuando se reclama contra las picadas en lugares más apartados.

También es el tipo de medida que se usa cuando se está haciendo uso de una protesta gremial, impidiendo el acceso a un lugar de trabajo.

Pero -se me objetará- el decreto deja en claro que los derechos de huelga no pueden ser vulnerados.

Pues bien, al día siguiente a su promulgación dos trabajadores fueron detenidos por un piquete en la localidad coloniense de Conchillas. Represión a los trabajadores por causa de este decreto.

Y acá viene la segunda razón relevante de este decreto. Hace pocos días visitantes de una empresa internacional no pudieron acceder por motivo de medidas sindicales a instalaciones que querían reconocer. Pues bien… ese es el otro, aún mayor, foco de esta situación. Y cómo desalojar un piquete no impida que la huelga sea realizada siempre se podrá argumentar que el derecho de huelga no ha sido vulnerado.

Esto es claramente un decreto que penaliza a los que menos tienen, quitándoles garantías, e impidiendo la protesta social y sindical. Si se hubiese establecido una ágil y digitalmente moderna consulta al juez, pues… en tal caso la protesta social y sindical se vería perjudicada, pero habrían garantías de tipo tal que harían que la aplicación de tal decreto no se pudiese objetar.

Sin embrago se ha elegido una vez más ir contra los trabajadores.

Por eso reitero, este Poder Ejecutivo es un TRAIDOR al Frente Amplio, a sus militantes, a sus votantes y a su rica tradición. Reclamo que todos los integrantes del Partido Comunista de Uruguay en el Poder Ejecutivo presenten su renuncia en forma indeclinable e inmediata.

Y en otro orden de cosas que los comunistas dejemos de hacer acuerdos con los traidores de los trabajadores, llenos de retórica popular, con el MPP y específicamente con José Mujica Cordano.

De todas formas, las formas de protesta social y política de los uruguayos seguirán. Se crearán nuevos caminos. Y hablo de la protesta que busca construir políticamente acumulación y acuerdos, y no de las pedreas de lúmpenes y de los infantilistas que aplauden el comportamiento de los mismos.

Publicado el por Guillermo Uria 0

Diciembre de 2010, coyuntura actual en Uruguay

Hace mucho que no escribo en esta bitácora, tanto que el artículo anterior espera por una segunda parte que probablemente nunca escribiré.

Pero hace unos días una compañera envió un correo electrónico preguntando por algunas cosas que ocurren, y sobre cómo entenderlas y en consecuencia actuar, y motivado por ello, me puse a redactar primero, y a corregir después un cierto material.

Claro, tiene unas 7.200 palabras, algo que hasta a mí se me antoja excesivo para una entrada en una bitácora, así que he preferido subirlo a un sitio de descargas para que puedan acceder a él.

Sucintamente, trata temas tales cómo: ¿qué son los principios desde una perspectiva materialista? ¿cuáles luchas debemos apoyar y comprometernos con ellas? ¿cuál es la articulación actual entre ciertas instancias de conflicto en lo sindical y nuestra participación en lo político? ¿cómo considerar las posiciones de los infantilistas, mal llamados «ultras»? ¿qué hay detrás de todo esto?

Publicado el por Guillermo Uria 1

Torcerle el cuello al pavo

pavo inductivo bandera de usa

Contaba Bertrand Russell que había una vez un pavo, que observaba con atención la conducta de los humanos. Un día tras otro, éstos le traían puntualmente alimento a las nueve de la mañana. Así que tras un prudente tiempo de observación el pavo se expresó de este modo. «En el día 1 me trajeron comida a las 9 de la mañana, en el día 2 lo mismo, igual en el 3 (… lugar para rellenar con muchos días). Por todo ello concluyo que todas las mañanas a las 9 me traerán comida». Y a la siguiente mañana le torcieron el cuello y él fue el almuerzo.

La descripción refiere solamente a la inducción cómo método para adquirir nuevo conocimiento. También el pavo podría haber concluido, por ejemplo, que el hombre era un ser cuya existencia tenía como finalidad alimentarlo. Y todo eso sería falso.

Parece, sin embargo, que el diario El País y sus referentes internacionales, no han comprendido cómo funciona la comprensión de las cosas, sin embargo.

El Sábado en el suplemento «Que Pasa» titula una breve nota de 400 palabras «Las secuelas de cuatro décadas de comunismo. Una herencia maldita en Europa del este» y luego confunde el simple orden cronológico, con causalidad.

Simplemente detalla los diferentes problemas que actualmente se viven en diferentes países de las antiguas Repúblicas Democráticas, y a partir de ahí razona de este modo:

a. Estos países tenían regímenes socialistas en el pasado

b. Estos países tienen hoy día diferentes problemas

conclusión:

c. Los problemas fueron causados por el régimen anterior.

Cabe decir que ningún lógico hallará forma alguna de hilvanar tal disparatario.

Si hoy existen problemas ciertos en Hungría, Bulgaria, o Lituania, de ningún lugar se desprende que tengan relación con el régimen socialista. Perfectamente pueden haber surgido como consecuencia de la pérdida de protección a los ciudadanos, libertad, autonomía en su política internacional, etcétera, que la aplicación de un apurado capitalismo salvaje trajo a esos países. Más probablemente, se trate de problemas derivados precisamente de esta espantosa trasformación reaccionaria, sobre la base de los problemas que el socialismo no había conseguido resolver aún.

Pero continuemos con el diario El País.

A continuación cita tres «autoridades», docentes universitarios en instituciones estadounidenses, belgas y húngara. Pero cómo es frecuente e artículos de diarios, no hay una fundamentación de lo que tales personas dicen, sino sólo una cita vacía de afirmaciones sin que se diga porqué habríamos de aceptarlos como ciertos.

O sea, intentan aplicar el principio de autoridad, escudándose en títulos académicos. Es muy mala forma también de argumentar.

El primero se queja de que no se ha «desarrollado una cultura democrática». Sin embargo si se mira la realidad social de lo que eran éstos países y de lo que son lo que se ve es un deterioro de las condiciones reales que posibilitan la democracia, y un falseamiento de la misma en el interés de burguesías mafiosas que se apropiaron de los recursos ayer colectivos. Todo ello muy malo para la democracia, y un gran paso atrás, gracias al curso que se ha seguido en esos países.

El segundo indica que tras el ingreso a la Comunidad Europea hacen falta «reformas impopulares», vale decir, ajustes a costillas del pueblo en beneficios de algunos pocos. ¡Cómo va la gente a recibir tales cosas con una sonrisa!. Sólo la hípócrita sonrisa de los que tienen los bolsillos llenos puede saludar tales transformaciones.

El tercero, por su parte, indica que quiénes no se enriquecieron con las privatizaciones -esto es, quiénes no integraban las mafias que se apropiaron de los recursos que eran colectivos- ahora están molestos por que el Estado no los apoya. ¡Y qué razón tienen!

Así las cosas, queda claro que lo que está haciendo con esos países es el mismo vaciamiento, la misma acción destructiva que han realizado en diferentes lugares del tercer mundo. La supresión de la solidaridad en alas del egoísmo consumista.

Luego la nota hace mención al «Solidarnosc», el sindicato católico que comenzó en Polonia el camino de la reacción, para lo cuál contó con el apoyo del Papa Reaccionario Carol Wojtila (Juan Pablo II). Y lamentan que tras el fin de los 80 hallan aparecido «partidos de todo tipo e ideología»,

O sea, muy democrático, si pensás como yo.

Antes de cerrar este destaque del disparatario del diario que fue voluntario vocero de la Criminal Dictadura Cívico Militar, anotar que en tales países no se aplicó el «comunismo» sino el «socialismo». El comunismo, señores, es la etapa posterior a la que finalmente no se llegó.

¡Critican y critican y no conocen la teoría que están criticando!

Nota: este artículo tiene 846 palabras, contando esta nota. En él apenas hemos considerado lo publicado en el matutino nacionalista. Así que imaginen la temeridad y mala fe que es considerar un tema complejo cuál el que se proponen tratar, en sólo 400 palabras.

Otra nota: este diario no proporciona enlace directo a sus páginas, por lo que recomiendo entrar en http://www.elpais.com.uy y utilizar el buscador para acceder a la nota en cuestión.

Publicado el por Guillermo Uria 1