Y el dolor de ya no ser

Museo_del_Prado_-_Goya_-_Caprichos_-_No._43_-_El_sueño_de_la_razon_produce_monstruosEn distintas conversaciones informales, tanto en persona como por Facebook, he sostenido reiteradamente que los reclamos referentes a la corrupción y las apelaciones a la indignación política son propios de posiciones políticas fascistas. Por un lado porque la apelación a la indignación implica una intención de edificar la política en el territorio de la emoción, desplazando a la razón a un lugar nefasto. “El sueño de la razón produce monstruos”, reza el grabado de Goya. Eso lo tomo en el sentido de que cuando la razón descansa, los monstruos aparecen.

Si bien la exacerbación última de la razón, eliminando el lugar de las emociones y suprimiendo la consideración de todo lo irracional en nosotros es un camino que transita hacia los peores abismos, la sustitución de la razón por la emoción no es menos dañina. El proyecto ilustrado suponía esa hegemonía de lo racional. El proyecto romántico suponía esa hegemonía de los monstruos. La razón conduce a la relativización que conduce a la justificación de cualquier atrocidad. Y la irracionalidad pura realiza la atrocidad por el mero placer de la misma. La razón condujo en la historia los trenes a Austchwitz, y la irracionalidad puso en funcionamiento la cámara de gas.

La búsqueda y el hallazgo de una síntesis no está dada por algún mágico punto medio, sino por la comprensión de que la irracionalidad debe ser el combustible en el que nos nutrimos, pero que la razón es necesariamente el timonel que obediente rige la barca. Lo contrario a la secuencia Ilustración a Romanticismo -que lleva al fascismo-, es la secuencia Romanticismo a Crítica -que conducirá al socialismo.

Así pues, la apelación constante a la indginación en política, y a la acción a partir de tal movimiento de lo emocional no conduce de modo ninguno a un momento más positivo.

Igualmente, la transformación de la corrupción en argumento político sólo puede entenderse como una práctica fascistizante. Recuérdese cómo en el 73 los comunicados inaugurales del “Proceso” reclamaban para sí la condición de probos y buscaban desterrar la “corrupción”. Cosa que compartían según recuerdo con algún material del MLN-T que incurría en el mismo disparate. El de la sustitución de la política por la ética. También en tiempos recientes, el hace algunos años fallecido Helios Sarthou dijo en algún momento -según me fué comentado por gente que integraba su grupo político- que la política debía provenir de la ética.

Esto es un disparate a todas luces.

La ética es una parte de la filosofía. La ética es el estudio de cuál conducta debemos tener para tener una buena vida. La política es un práctica social, la que tiene que ver con el manejo del poder en el interior de una sociedad. Toda la filosofía no es sino una disciplina que lo que principalmente hace es producir conocimientos suceptibles de su utilización en política -en el mismo sentido en que la ciencia produce principalmente conocimiento suceptible de ser económicamente utilizable. O dicho de otro modo, siendo la ética una parte de la filosofía, y la filosofía una disciplina al servicio de la política, mal podría ser la rectora de la misma.

La politica es una actividad. En la misma realizamos acciones. Estas estarán según el caso signadas por buscar el beneficio de las grandes masas o el de pequeños grupos. A partir de lo que hacemos en política se hace obvia la necesidad de dotarnos de una explicación para actuar mejor. De allí la reflexión filosófica.

La política parte de nuestra necesidad irracional, que en cierto momento se articula en discursos racionales. Y luego en armonía con el discurso propuesto se produce una explicación ética que conduzca a que si todos obrásemos de ese modo el mundo fuese un lugar mejor para todos.

En tal sentido la política es necesariamente la fuente de la ética, y no su consecuencia.

Los detractores de esta afirmación suelen decir que ello conduce a algún tipo de “el fin justifica los medios”. Nada de eso. Lo que estamos diciendo es que las normas de conducta en un presente -tiempo de los medios- debe ser tal que sólo pueda producir el fin buscado. Algo así como “los medios se justifican en su armonía con el fin”. Que es muy diferente.

Así, buscando una politica basada en la indignación (emoción) y en la denuncia de la corrupción (medios) lo que hacen es privarnos de la auténtica búsqueda política: la de un accionar basado en la razón y en la persecución de los fines últimos de una sociedad mejor. Esa es la trampa de los fascismos.

Ahora bien, al decir esto alguno puede estar pensando que lo que intento es tapar el sol con un dedo y producir un discurso que exculpe a algún que otro impresentable, y hoy, en los últimos días de julio del año 17 del siglo XXI, pensarán que el beneficiario de mis palabras es Raúl Sendic.

Nada de eso.

Lo que digo es que no se puede centrar la política en la discusión ética y en la acción irracional.

Todo ciudadano que comete un ilícito debe ser perseguido por la Justicia de forma eficaz, juzgado y castigado. Ello no debiera convertirse de ningún modo en algo políticamente dudable, jamás debiera tampoco ser escudado por consideración política alguna.

Así pues, si el vicepresidente realizó algo ilegal, deberá la Justicia condenarlo.

E igualmente -y en forma más expeditiva- el tribunal de ética del Frente Amplio debe expresarse, sin medir estúpidas consideraciones que no son políticas, sino de una politiquería alarmante.

Un mejor Frente Amplio, es aquél en el que los que han realizado actos inmorales son expuestos y expulsados.

Una mejor Central sindical, es aquella en la que no se tienen vicepresidentes que dirigen en base a la presión y a prácticas constantemente dudosas en una institución tan turbia y violadora de los Derechos Humanos como es el Inau.

Un mejor Partido Revolucionario, es aquél en el que ni siquiera llegan de suplentes al Comité Central personas cuyo manejo de los fondos públicos no es sino transparente.

Dicho lo cuál, también se implica que un Secretario General de un Partido Revolucionario no debería salir a defender cosas indefendibles.

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Decreto anti piquetes: otro acto de traición

Hace un par de días se publicó un decreto del poder ejecutivo ( https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/03/cons_min_480.pdf  ) en el que se establece la potestad del Ministerio del Interior para impedir el corte de calles y rutas. Dada las circunstancias del día en que el mismo se publicó, claramente la discusión en las redes sociales lo vinculó con lo sucedido en el desalojo de La Solidaria (un centro cultural manejado por elementos infantilistas de izquierda) y desmanes posteriores que incluyeron un ataque a la sede del Partido Comunista de Uruguay.

Creo que este decreto debe ser leído más allá de esa circunstancia.

El mismo busca preservar algo que sin duda es algo bueno: la libre circulación de los habitantes de nuestro país. Cómo suele suceder en los textos legales está lleno de alusiones a otras leyes y normativa que quiénes no somos abogados podemos leer sin comprender. Tras todo ello indica que el Ministerio del Interior será el encargado de evitar tales interrupciones, dando cuenta después al Poder Judicial.

Pues es en esto que nos tenemos que detener.

Lo primero es comprender que el cuerpo policial no debe -ahora puede- actuar en contra de algún tipo de manifestación sin orden judicial. Se podrá argumentar que los tiempos de muchas cosas exigen premura. ¡Me encanta tal objeción!

Actualmente, con los medios tecnológicos disponibles, un policía puede poner en un teléfono inteligente una video llamada a un juez y éste desde dónde se halle observar la situación para determinar si amerita o no la intervención policial. En caso de que considere que sí lo amerita, sencillamente da la orden, que de darse digitalmente, también hay formas para que esté totalmente autenticada en forma prácticamente instantánea.

Siendo así ¿qué sentido tiene decir que la policía puede actuar y después dar cuenta al Juez?

Esto no se inscribe en la disputa entre el PCU y los lúmpenes que lo apedrearon, ni entre el gobierno y la protesta social. Acá se trata de un enfrentamiento entre la policía y el Poder Judicial.

La policía uruguaya -que ha mejorado muchísimo aunque aún no sea suficiente- es un organismo que está hipertrofiándose, como parte de una estrategia del MPP -o tal vez de una estrategia personal de José Mujica a través de su hombre de confianza, el ministro Bonomi. Tal hipertrofia no hace bien a la policía, y definitivamente no hace bien al Uruguay en su conjunto.

Lo coherente sería separar algunas de las funciones que hoy cumple la policía, las funciones de investigación de los delitos cometidos, y crear una “policía judicial”, dependiente del Poder Judicial y no del Ejecutivo, que tenga a su cargo la investigación de los delitos cometidos y denunciados. La actual policía continuaría con las funciones de vigilancia, preservación del orden, y represión de los actos de delito en curso.

Tal separación permitiría a la policía concentrarse en el ahora, y haría que la “policía judicial” se concentrase en el “antes” y dispusiese de medios técnicos y personal cualificado, civil y con formación terciaria, para sus investigaciones de lo que ocurrió.

Así cómo esta separación no se encara, se refuerza a la policía constantemente y ahora se le da el poder de reprimir sin orden judicial para hacerlo.

¿A quién?

Pues a manifestaciones sociales que utilicen el corte de calles y rutas. Es el tipo de medida que típicamente se realiza cuando se reclama un semáforo por algún muerto en la interbalnearia, o cuando se reclama contra las picadas en lugares más apartados.

También es el tipo de medida que se usa cuando se está haciendo uso de una protesta gremial, impidiendo el acceso a un lugar de trabajo.

Pero -se me objetará- el decreto deja en claro que los derechos de huelga no pueden ser vulnerados.

Pues bien, al día siguiente a su promulgación dos trabajadores fueron detenidos por un piquete en la localidad coloniense de Conchillas. Represión a los trabajadores por causa de este decreto.

Y acá viene la segunda razón relevante de este decreto. Hace pocos días visitantes de una empresa internacional no pudieron acceder por motivo de medidas sindicales a instalaciones que querían reconocer. Pues bien… ese es el otro, aún mayor, foco de esta situación. Y cómo desalojar un piquete no impida que la huelga sea realizada siempre se podrá argumentar que el derecho de huelga no ha sido vulnerado.

Esto es claramente un decreto que penaliza a los que menos tienen, quitándoles garantías, e impidiendo la protesta social y sindical. Si se hubiese establecido una ágil y digitalmente moderna consulta al juez, pues… en tal caso la protesta social y sindical se vería perjudicada, pero habrían garantías de tipo tal que harían que la aplicación de tal decreto no se pudiese objetar.

Sin embrago se ha elegido una vez más ir contra los trabajadores.

Por eso reitero, este Poder Ejecutivo es un TRAIDOR al Frente Amplio, a sus militantes, a sus votantes y a su rica tradición. Reclamo que todos los integrantes del Partido Comunista de Uruguay en el Poder Ejecutivo presenten su renuncia en forma indeclinable e inmediata.

Y en otro orden de cosas que los comunistas dejemos de hacer acuerdos con los traidores de los trabajadores, llenos de retórica popular, con el MPP y específicamente con José Mujica Cordano.

De todas formas, las formas de protesta social y política de los uruguayos seguirán. Se crearán nuevos caminos. Y hablo de la protesta que busca construir políticamente acumulación y acuerdos, y no de las pedreas de lúmpenes y de los infantilistas que aplauden el comportamiento de los mismos.

De nosotros mismos

El derecho surge de la fuerza.

Tal afirmación suele resultar chocante, pero tras reflexionarla habremos de ver que en realidad es totalmente verdadera. Sin embargo choca con la visión edulcorada que solemos presentarnos a nosotros mismos. Con variantes la versión edulcorada es, “El derecho surge de la justicia”.

Pues no. La justicia es el puerto en al que queremos que el derecho arribe. No su origen.

Toda sociedad humana, y algunas no humanas, tienen normas y formas de autoridad. Pero concentrémonos sólo en las sociedades humanas. Las normas surgen de la autoridad, y la autoridad de la norma. Es un claro caso de un círculo que se retroalimenta.

Históricamente, las sociedades más antiguas aún no poseían un derecho, pero ya tenían reglas, normas. Las mismas solían apoyarse en el uso, o en la creencia en alguna religión. O un poco de ambos. La autoridad era la tradición. Y la tradición estaba dictada y preservada por las normas que garantían su continuidad. Círculo.

Actualmente hay muchas normas que no son el derecho. Por ejemplo, las normas de decoro en el vestir. Las mismas son muchas veces cuestionadas por unos y aprobadas por otros. Las fuentes de tales normas son por un lado la costumbre social, por otro la influencia de los medios, y también la actividad racional de cada persona. La costumbre es la “heredera” de la antigua tradición. Los medios -la moda- son una imposición de algún complejo industrial, la autoridad de la riqueza. Y el propio entendimiento refiere a la fuerza de sí mismo. Todo eso configura un tema en el que varias autoridades dictan las normas del vestir, que a su vez en la medida que resultan exitosas (para el que viste según la costumbre, para el que viste según la moda, o para el que lo hace por su arbitrio, configurando la confirmación social en sus grupos de la validez de las formas de autoridad en que se basan), lo que hacen es confirmar la validez de las borrosas y hasta contradictorias normas del vestir.

¿Qué pasa con el derecho?

En algún momento el derecho surgió como forma de limitar el ejercicio arbitrario de la fuerza por parte de algún poderoso. Sea que el más poderoso quería crear normas para que sus asistentes cumplieran sus mandatos, o fuera que los pueblos quisieran limitar la autoridad despótica, en ambos casos era el objetivo controlar el accionar de la fuerza pública. Limitar la forma en que se podía ejercer la fuerza.

Pero para ello decía lo que se podía y no se podía hacer por parte de la población. Esto es, establecía límites para el accionar de la fuerza genérica popular. La norma limitaba ambas formas de fuerza, y con ello establecía a la autoridad legítima como la forma principal de realización de la fuerza, y la única aceptable en la esfera que la propia norma describe y crea.

Así el Derecho no se constituye en cualquier norma, sino en una norma que se crea en la creación de su espacio. Surge de la fuerza -la fuerza que se limita en la acción recortada del déspota, y en la acción recortada del pueblo (doble negación)- se transforma en la fuerza de la autoridad legítima. Y la acción de fuerza de la autoridad legítima es la que expande el espacio de acción de la norma.

Autoridad y norma, retroalimentándose.

Para producir una justificación del imperio del Derecho, cuyo fin claramente es establecer el funcionamiento social -sea éste justo o injusto- los humanos hemos creado siempre discursos en cada sociedad que hablan de lo justo que es el ordenamiento vigente, o cuando queremos derribarlo, de lo injusto que es, mientras aspiramos a constituirnos en la autoridad para emitir las nuevas normas que reemplazarán aquellas existentes.

La justicia es por lo tanto una condición de justificación del derecho, pero una justificación posterior a la existencia del mismo. Parte de nuestra necesidad psicológica. Cuando hablamos de lo justo y de lo injusto no hablamos sólo de derecho. Hay múltiples justicias e injusticias que van más allá de lo regido por el derecho, que muestran como tal concepto refiere a una necesidad básica de interpretación del mundo. Performa interpretaciones del mundo.

Por eso buscamos mejorar el Derecho -todas las sociedades lo hacen, incluyendo a las que intentan no cambiarlo- para hacer el mundo más justo. Pero si creemos que el Derecho puede hacer más justo al mundo, es porque está dotado de fuerza, siendo que surge de la fuerza, como ya vimos antes.

Todo esto para entender la naturaleza general en la que Autoridad y Norma se manifiestan en el Derecho, y cómo en su realización parte de la fuerza -en otro momento habría que mostrar que dicha fuerza no es sino la fuerza del trabajo, pero eso me llevaría muy lejos en este breve artículo-.

Entonces cuando observamos que una cierta sociedad tiene un Derecho, hay autoridades designadas por y para el mismo, y existen varias formas de entender en su seno qué es la justicia, ¿qué nos dice que se busque alcanzar la justicia en el uso de un Derecho ajeno, mediante autoridades ajenas?

A mí me dice que es una sociedad que ha renunciado a su uso de la fuerza, o que ha aceptado como legítimo el uso de la fuerza sobre esa sociedad por sociedades que le son ajenas. Y que renuncia a la construcción ideológica de un sentido de la justicia que se constituya en finalidad a ser alcanzada por el Derecho.

Durante todo el tiempo que este jucio en Italia tuvo andamiento me callé estas consideraciones porque me parecía que sólo podían ser interpretadas cómo “palos en la rueda”.

Ahora, finalizado el mismo, expreso con claridad que reclamar ante una justicia extranjera lo que no puede reclamarse en la propia justicia es propio de una ideología colonizada que acepta y alaba su colonización ideológica y su subordinación práctica. Que no apunta a tomar el poder para crear un nuevo Derecho que de cabida a la concreción de su entendimiento de lo que es la Justicia.

Y cómo el fallo sólo en un caso fue condenatorio, ahora viene el berrinche.

“Nada tenemos que esperar sino de nosotros mismos” es una frase de Artigas dicha sobre otros asuntos, y que puesta en juego sin más referencia muchas veces puede implicar cosas erradas. Pero esta vez viene como anillo al dedo.


Nota: “Nada tenemos que esperar sino de nosotros mismos”, es parte de una carta de José Artigas a Martín Güemes enviada desde Purificación el 5 de febrero de 1816.